El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información presenta…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información presentado contra el Servicio de Impuestos Internos, relativo a la nómina de contribuyentes autorizados para emitir guías de despacho en formato no electrónico. El Consejo acogió parcialmente el amparo: ordenó entregar al recurrente la nómina correspondiente a personas jurídicas, y rechazó la entrega de la información referida a personas naturales por tratarse de datos personales protegidos. La resolución fue notificada al recurrente y al Servicio. Contra ella procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días corridos, aunque los órganos de la Administración del Estado no pueden reclamar contra la resolución que otorgue acceso cuando la denegación se fundó en la causal de afectar la seguridad, intereses o derechos de terceros. No procede recurso de reposición.
Normas citadas
Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
Constitución Política de la República
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoEconomía y Finanzas
Preguntas frecuentes
¿Se puede pedir a un organismo del Estado la nómina de contribuyentes autorizados para emitir guías de despacho?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el amparo y ordenó entregar la nómina de personas jurídicas, pero rechazó entregar la de personas naturales por tratarse de datos personales protegidos.
¿Cuál es el plazo para reclamar de una resolución del Consejo para la Transparencia que resuelve un amparo de acceso a la información?
Según esta resolución, procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días corridos. No procede recurso de reposición contra ella.
¿Puede un órgano de la Administración del Estado reclamar contra una resolución que ordena entregar información?
En este caso, el resumen indica que los órganos de la Administración del Estado no pueden reclamar contra la resolución que otorga acceso cuando la denegación se fundó en afectar derechos de terceros.
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