Resumen del criterio jurisprudencial
El recurrente interpuso un recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones por el rechazo de su solicitud de carta de nacionalización, basado en antecedentes penales. La autoridad administrativa denegó la nacionalización por considerar que el solicitante no poseía el mérito requerido, fundándose en los artículos 7 y 8 del Decreto Supremo N°5.142. La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada, señalando que la nacionalización es una gracia presidencial y que el acto administrativo fue debidamente motivado y ajustado a la normativa aplicable. El tribunal concluyó que no hubo ilegalidad ni arbitrariedad, y que no se vulneraron las garantías constitucionales invocadas. En consecuencia, se rechazó el recurso de protección.