Resumen del criterio jurisprudencial
Robert Enrique Hernández Reyes interpuso un recurso de protección contra Banco Santander Chile por el cierre unilateral de un reclamo por fraude y la falta de abono normativo, alegando vulneración del derecho constitucional de propiedad. El demandante señaló transferencias no autorizadas por $2.749.900 y, en otro caso acumulado, por $4.498.620, y reclamó la restitución total de los fondos. El banco, a través de su abogado, sostuvo que el fraude se debió a culpa grave del titular y que el procedimiento competente es el juzgado de policía local, conforme al artículo 5 de la Ley 20.009. La Corte de Apelaciones constató que la controversia factual está pendiente ante el 2° Juzgado de Policía Local de Estación Central y que la acción de protección no es el medio idóneo para resolverla. En consecuencia, se rechazó la acción de protección, sin costas, y se remitió la materia al tribunal competente. La decisión se basó en los artículos 19 y 20 de la Constitución y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre el recurso de protección.