Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una funcionaria de la Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central, quien pidió la devolución de las cantidades descontadas indebidamente por concepto de imposiciones para el desahucio del decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960. El organismo concluyó que, desde su incorporación a la Administración Pública, la funcionaria estaba afiliada al sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980, que no contempla normas sobre desahucio, por lo que no tenía derecho a cotizar al Fondo de Seguro Social que financia ese beneficio. En consecuencia, dispuso que solo procede la restitución de las cantidades deducidas con ese propósito a partir de una fecha determinada, una vez que se adjunte una relación detallada mes a mes de los descuentos efectuados, emitida por el empleador. El dictamen fue transcrito a la Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central.