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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una funcionar…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una funcionaria de la Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central, quien pidió la devolución de las cantidades descontadas indebidamente por concepto de imposiciones para el desahucio del decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960. El organismo concluyó que, desde su incorporación a la Administración Pública, la funcionaria estaba afiliada al sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980, que no contempla normas sobre desahucio, por lo que no tenía derecho a cotizar al Fondo de Seguro Social que financia ese beneficio. En consecuencia, dispuso que solo procede la restitución de las cantidades deducidas con ese propósito a partir de una fecha determinada, una vez que se adjunte una relación detallada mes a mes de los descuentos efectuados, emitida por el empleador. El dictamen fue transcrito a la Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central.

Normas citadas

  • dl 3500/80
  • dfl 338/60
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Procede la devolución de cotizaciones al Fondo de Seguro Social para el desahucio si la funcionaria está afiliada al sistema de pensiones del DL 3500?

En este caso, la Contraloría concluyó que la funcionaria, al estar afiliada al sistema del DL 3500, no tenía derecho a cotizar al Fondo de Seguro Social que financia el desahucio, por lo que procede la restitución de lo deducido con ese propósito.

¿Qué requisitos exige la Contraloría para restituir descuentos indebidos por desahucio?

En este caso, la Contraloría dispuso que solo procede la restitución de las cantidades deducidas a partir de una fecha determinada, una vez que se adjunte una relación detallada mes a mes de los descuentos, emitida por el empleador.

¿Puede un funcionario afiliado al DL 3500 cotizar para el desahucio del DFL 338?

En este caso, la Contraloría sostuvo que el sistema de pensiones del DL 3500 no contempla normas sobre desahucio, por lo que la funcionaria afiliada a ese sistema no tenía derecho a cotizar al Fondo de Seguro Social que financia ese beneficio.

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