Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución N° 355, de 2010, de la Subsecretaría de Transportes, que ponía término a un procedimiento disciplinario contra un funcionario y le aplicaba la medida de censura, por no ajustarse a derecho. El organismo fundó su decisión en el artículo 140 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que atribuye al jefe superior de la institución, al Secretario Regional Ministerial o al Director Regional, según corresponda, la facultad de absolver o sancionar tras el dictamen fiscal. Revisado el expediente sumarial, constató que la censura debió ser impuesta por el Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Coquimbo, o por su subrogante legal, y no por la autoridad que dictó el acto, por carecer esta de competencia para ello. Por tal razón, representó el acto administrativo.