Resumen del criterio jurisprudencial
Luis Enrique Orellana Requena interpuso un recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría del Interior y el Ministerio del Interior por la omisión en pronunciarse sobre su solicitud de nacionalización presentada el 16 de marzo de 2022. El recurrente alegó vulneración del principio de celeridad y de su derecho a la igualdad ante la ley. El Servicio informó que había remitido los antecedentes a la Subsecretaría, y esta indicó que el acto administrativo se encontraba en tramitación previa a la firma. La Corte rechazó el recurso, señalando que la nacionalización es una gracia del Estado y no un derecho indubitado, por lo que no procede fijar plazos para su tramitación. Además, el retardo no afectaba el estatus migratorio del recurrente, quien contaba con residencia definitiva. El falló fue acordado con el voto disidente del abogado integrante Rodrigo Azocar Simonet, quien estimó que la demora excesiva vulneraba los principios de celeridad y la garantía de igualdad ante la ley.