Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Constitucional conoció el caso de un vendedor informal que ocupaba espacio público con una caseta llamada El Varientazo durante 24 años. Una concesionaria presentó quejas policivas por mejoras realizadas al puesto, generando un proceso sancionatorio. La Inspección de Policía declaró infractor al vendedor y ordenó demolición sin considerar alternativas de subsistencia. La Corte acogió parcialmente la tutela, ordenando que antes de ejecutar demoliciones se identifiquen trabajadores y se ofrezcan alternativas económicas, laborales o de reubicación. Se enfatizó la necesidad de lenguaje claro en procesos sancionatorios para garantizar comprensión de decisiones.