La Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite un recurso de protección interpues…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2024
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite un recurso de protección interpuesto por un propietario contra un decreto de la Municipalidad de Huechuraba que ordenaba reducir la superficie de su inmueble por considerarse bien nacional de uso público. El tribunal declaró admisible el recurso y ordenó a la municipalidad evacuar un informe en cinco días, remitiendo todos los antecedentes. La decisión se adoptó con el voto en contra de una ministra, quien estimó que la controversia debía resolverse mediante la acción específica del artículo 151 de la Ley N° 18.695, y no a través de la acción constitucional.
Normas citadas
Artículo 125 del Código de Procedimiento Civil
recurso de proteccióngarantías constitucionalesderecho de propiedadbien nacional de uso públicodecreto municipalacción constitucionaladmisibilidadvías de reclamación administrativa
Preguntas frecuentes
¿Procede un recurso de protección contra un decreto municipal que ordena reducir la superficie de un inmueble por considerarlo bien nacional de uso público?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite el recurso de protección y ordenó a la municipalidad informar en cinco días, aunque una ministra votó en contra por estimar que la controversia debía resolverse por la acción del artículo 151 de la Ley N° 18.695.
¿Puede un propietario recurrir de protección ante la Corte de Apelaciones contra un decreto de una municipalidad que afecta su propiedad?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible un recurso de protección presentado por un propietario contra un decreto de la Municipalidad de Huechuraba, y le dio curso ordenando el envío de todos los antecedentes.
¿Es la acción del artículo 151 de la Ley N° 18.695 la vía idónea para impugnar decretos municipales sobre bienes nacionales de uso público?
En este caso, una ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago estimó que sí, sosteniendo que la controversia debía resolverse mediante esa acción específica y no por la vía del recurso de protección, opinión que quedó como voto en contra.
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