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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de reembolsar…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2022

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de reembolsar a funcionarios públicos los gastos de traslado en taxis básicos o de turismo urbano que utilizan mecanismos tecnológicos, como aplicaciones móviles, durante comisiones de servicio. El dictamen concluye que dicho reembolso es procedente siempre que se cumplan ciertas condiciones: que los mecanismos tecnológicos hayan sido aprobados por la Subsecretaría de Transportes en el marco de un plan piloto, que su uso esté autorizado por la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, y que los vehículos se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros. Se recuerda que no procede reembolsar servicios como Uber o Cabify por no ajustarse a la normativa vigente.

Normas citadas

  • DTO 212/92 mintt art/2
  • DTO 212/92 mintt art/8 inc/4 let/D lt/a/2
  • DTO 212/92 mintt art/80 inc/7
  • DTO 100/2019 mintt
  • DTO 212/92 mintt art/80 inc/8
  • DTO 212/92 mintt art/80 inc/9
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Procede reembolsar a funcionarios públicos los gastos de taxi por aplicación durante una comisión de servicio?

Según este dictamen de la Contraloría General de la República, sí procede, siempre que los mecanismos tecnológicos hayan sido aprobados por la Subsecretaría de Transportes en un plan piloto, su uso esté autorizado por la Secretaría Regional Ministerial correspondiente y los vehículos estén inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros.

¿Se pueden reembolsar viajes en Uber o Cabify en una comisión de servicio?

No. El dictamen recuerda que no procede reembolsar servicios como Uber o Cabify, porque no se ajustan a la normativa vigente.

¿Qué requisitos deben cumplir los taxis por aplicación para que su costo sea reembolsable a un funcionario?

La Contraloría sostiene que deben cumplirse tres condiciones copulativas: aprobación del mecanismo tecnológico por la Subsecretaría de Transportes en el marco de un plan piloto, autorización de su uso por la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones respectiva, y que los vehículos estén inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros.

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