El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2024
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 196 ter de la Ley de Tránsito, que suspende por un año la ejecución de la pena sustitutiva en delitos de conducción bajo influencia de sustancias con resultado de muerte. La parte requirente buscaba evitar la aplicación de esa norma en una gestión judicial pendiente. El Tribunal rechazó la acción en todas sus partes, sin pronunciarse sobre el fondo, porque el recurso de apelación contra la sentencia que suspendió la pena sustitutiva ya había sido rechazado, de modo que no existía gestión pendiente útil y el resultado pretendido ya se había producido, tornando inoficioso un pronunciamiento de fondo. Además, alzó la suspensión del procedimiento decretada en autos y no condenó en costas a la parte requirente por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.
Normas citadas
artículo 19, inciso primero, numeral 2
artículo 19, inciso sexto, numeral 3
artículo 196 ter, de Ley N° 18.290
artículo 1, de Ley N° 18.290
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasEjecucion Y Cumplimiento De La PenaPrincipio de proporcionalidad de la Pena
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si se presenta un requerimiento de inaplicabilidad cuando la gestión pendiente ya fue resuelta?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento porque el recurso de apelación contra la sentencia que suspendió la pena sustitutiva ya había sido rechazado, por lo que no existía gestión pendiente útil y el resultado pretendido ya se había producido.
¿El Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre el fondo si la situación ya se produjo?
En este caso, el Tribunal Constitucional no se pronunció sobre el fondo porque el resultado pretendido ya se había producido, lo que tornó inoficioso un pronunciamiento.
¿Se condena en costas a la parte requirente si tuvo motivo plausible para litigar?
En este caso, el Tribunal Constitucional no condenó en costas a la parte requirente por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.
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