La Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la acción de tutela la…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la acción de tutela laboral interpuesta por un trabajador en contra de su empleador, por un proceso disciplinario que culminó con una sanción. El tribunal consideró que los hechos acreditados no constituyen indicios suficientes de vulneración de derechos fundamentales, pues la iniciación del proceso disciplinario y las medidas de resguardo fueron consecuencia legítima de denuncias de múltiples dependientes que acusaban liderazgo disfuncional. Se concluyó que la reacción del empleador fue la usual y necesaria para proteger a su personal de riesgos psicosociales, sin que existan conductas ilícitas o antijurídicas. Además, se señaló que la acción de tutela laboral no está destinada a cuestionar decisiones de mérito en procesos disciplinarios administrativos donde el funcionario tuvo oportunidad de defensa. El fallo se pronunció sin costas.
Normas citadas
Artículo 478, inciso segundo, Código del Trabajo
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Preguntas frecuentes
¿Procede la tutela laboral contra una sanción disciplinaria si el empleador actuó por denuncias de otros trabajadores?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la tutela porque el proceso disciplinario y las medidas de resguardo fueron consecuencia legítima de denuncias de varios dependientes sobre liderazgo disfuncional. Concluyó que no hubo indicios suficientes de vulneración de derechos fundamentales.
¿La acción de tutela laboral sirve para revisar el fondo de una sanción disciplinaria en la que el trabajador pudo defenderse?
En este caso, la Corte sostuvo que la tutela no está destinada a cuestionar decisiones de mérito en procesos disciplinarios donde el funcionario tuvo oportunidad de defensa. Por eso no entró a revisar la sanción aplicada.
¿Cuándo se considera que el empleador actuó de forma antijurídica al aplicar medidas tras denuncias de riesgos psicosociales?
En este caso, el tribunal estimó que la reacción del empleador fue la usual y necesaria para proteger a su personal de riesgos psicosociales. Como no hubo conductas ilícitas o antijurídicas, descartó la vulneración alegada.
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