Resumen del criterio jurisprudencial
Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, interpuso una acción constitucional de protección a favor de la ciudadana boliviana Esperanza Miranda Vargas contra el Servicio Nacional de Migraciones, el Ministerio del Interior y su Subsecretaría, alegando la omisión ilegal y arbitraria de no pronunciarse sobre su solicitud de carta de nacionalización presentada el 5 de mayo de 2022. La autoridad recurrida sostuvo que la tramitación de la solicitud estaba en curso y que el plazo de la Ley N°19.880 no era fatal, por lo que no existía omisión. El tribunal, sin embargo, consideró que la falta de un pronunciamiento definitivo vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución. En consecuencia, se acogió el recurso y se ordenó a la autoridad competente emitir un pronunciamiento definitivo dentro de noventa días contados desde la ejecución de la sentencia. La ministra Mera Muñoz votó en contra, argumentando que la carta de nacionalización es una potestad de gracia y que la solicitud no constituye un derecho adquirido.