El Tribunal Constitucional rechazó la acción de inaplicabilidad interpuesta respecto de…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó la acción de inaplicabilidad interpuesta respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que regula las penas sustitutivas. El requirente cuestionaba la exclusión de dichas penas para ciertos delitos, alegando vulneración de derechos fundamentales. El Tribunal sostuvo que las penas sustitutivas no operan automáticamente, sino que su aplicación depende de requisitos legales fijados por el legislador, quien tiene facultades para definir la política criminal dentro de los límites constitucionales. Se descartó la existencia de un derecho subjetivo a las penas sustitutivas, señalando que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos solo establece límites y finalidades para las penas privativas de libertad, como la reinserción social. Asimismo, se concluyó que la exclusión para ciertos delitos no constituye discriminación ni vulnera la igualdad ante la ley, pues responde a finalidades legítimas como el control de armas. El fallo incluyó votos disidentes que consideraban que el proceso penal en secreto afectaba el derecho a defensa.
Normas citadas
artículo 205, frase "“y secretamenteâ€", de Código de Procedimiento Penal
artículo 78, inciso 1, de Código de Procedimiento Penal
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadAcción Penal PúblicaActos De ProcedimientoAutoresCotizaciones De SaludDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La República
Preguntas frecuentes
¿Las penas sustitutivas de la Ley N° 18.216 son un derecho que el condenado puede exigir siempre?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que las penas sustitutivas no operan automáticamente, sino que dependen de los requisitos fijados por el legislador, y descartó la existencia de un derecho subjetivo a ellas.
¿Excluir de las penas sustitutivas a ciertos delitos vulnera la igualdad ante la ley?
En este caso, el Tribunal concluyó que la exclusión para ciertos delitos no constituye discriminación ni vulnera la igualdad ante la ley, porque responde a finalidades legítimas como el control de armas.
¿Puede el legislador definir la política criminal y restringir el acceso a penas sustitutivas?
En este caso, el Tribunal señaló que el legislador tiene facultades para definir la política criminal dentro de los límites constitucionales, y que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos solo fija límites y finalidades para las penas privativas de libertad, como la reinserción social.
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