Resumen del criterio jurisprudencial
La Comisión advierte que la participación política plena de las personas con discapacidad sigue siendo una deuda regional: pese a los avances en accesibilidad electoral, persisten barreras estructurales, prácticas discriminatorias y desigual implementación que impiden ejercer en igualdad de condiciones derechos esenciales como votar, ser candidatas y participar en decisiones públicas.