Resumen
La Dirección del Trabajo, en un dictamen, confirmó nuevamente las instrucciones impartidas por un fiscalizador de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, que ordenaban a una empleadora el pago de un beneficio a sus trabajadores. La empresa había solicitado la reconsideración administrativa por tercera vez, alegando incompetencia del inspector y nulidad de derecho público, argumentos que fueron desestimados por carecer de fundamento. El organismo sostuvo que la conducta reiterada de la empleadora, al pagar el beneficio durante varios años sin considerar la existencia de utilidades, configuró una cláusula tácita que lo transformó en un derecho jurídicamente exigible para los trabajadores, salvo que se hubiera pactado expresamente su carácter voluntario y no permanente, lo que no constaba en el caso. Se confirmaron las instrucciones, con la reserva de que no resultaban aplicables a los trabajadores que ingresaron a la empresa en abril de 1998.