Resumen del criterio jurisprudencial
Doña Melanie Solange Gallardo Castillo deduce recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República por su inclusión en la nómina de deudores morosos y el despacho del mandamiento de ejecución y embargo respecto de una deuda por Crédito con Aval del Estado (CAE) regulado por la Ley N° 20.027, aplicando el procedimiento del Título V del Libro III del Código Tributario. La recurrente alega que la Tesorería carece de competencia para someter obligaciones de origen contractual y civil a un mecanismo de ejecución tributaria, pues la nómina del artículo 169 del Código Tributario es un título ejecutivo de tipicidad estricta que el CAE no puede satisfacer, y que el artículo 18 bis de la Ley N° 20.027 remite el cobro a las reglas generales de los títulos en que constan las obligaciones. La recurrida solicitó el rechazo del recurso señalando que la deuda es líquida y exigible y que la Tesorería se encontraba legalmente habilitada para aplicar el procedimiento tributario. La Corte de Apelaciones de Valparaíso, analizando la cuestión, concluyó que la Tesorería ejerció funciones jurisdiccionales reservadas por el artículo 76 de la Constitución a los tribunales establecidos por ley y que se infringió la garantía del artículo 19 N°3 sobre el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, afectándose también el derecho de propiedad del artículo 19 N°24, al no existir sustento normativo para el estatuto coactivo utilizado.