Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento de inaplicabilidad, declarando inconstitucional el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 en su aplicación al caso concreto, por vulnerar los principios de proporcionalidad, igualdad ante la ley y racionalidad (artículos 1° y 19, numerales 2° y 3°, de la Constitución), al restringir desproporcionadamente el acceso a penas sustitutivas. En cambio, rechazó la impugnación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, por estimar que no afecta las facultades del juez para individualizar la pena ni vulnera derechos fundamentales. En la parte resolutiva, el fallo se pronuncia sobre la aplicación temporal del Código Procesal Penal, señalando que su artículo 11 establece una excepción al principio de irretroactividad, permitiendo aplicar la ley procesal a procedimientos ya iniciados, salvo que la ley anterior contenga disposiciones más favorables al imputado.