La Corte Suprema acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad pr…
Sentencia · Corte Suprema · 2022
Resumen
La Corte Suprema acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por un contribuyente respecto de la expresión 'en forma absoluta' contenida en el artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226. El tribunal consideró que dicha norma vulneraba los artículos 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política, al generar indefensión para el acusado en el proceso penal, al obligarlo a enfrentar una audiencia de juicio oral por vía remota sin la debida compañía y asesoramiento de su abogado. La decisión se adoptó con la disidencia de una ministra y prevenciones de dos ministros.
Normas citadas
Artículo 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política
Artículo 9° de la Ley N° 21.226
inconstitucionalidadderechos del acusadoproceso penalaudiencia de juicio oraldefensa
Preguntas frecuentes
¿Se puede aplicar la prohibición absoluta de comparecencia no presencial en juicios penales si afecta la defensa del acusado en Chile?
No, en este caso la Corte Suprema acogió un requerimiento de inaplicabilidad y declaró que la expresión 'en forma absoluta' del artículo 9° de la Ley N° 21.226 vulneraba los artículos 19 N° 2 y 3 de la Constitución, porque generó indefensión al obligar al acusado a una audiencia por vía remota sin el debido asesoramiento de su abogado.
¿Qué derechos constitucionales protege la Corte Suprema cuando se cuestiona la realización remota de audiencias en un juicio penal?
En este caso, el tribunal sostuvo que el uso de la modalidad remota sin la compañía y asesoramiento del abogado afectaba la igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo, contenidos en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución.
¿Puede un contribuyente pedir la inaplicabilidad de una norma procesal que limita la presencia del acusado en audiencias?
Sí, en este caso la Corte Suprema acogió un requerimiento de inaplicabilidad presentado por un contribuyente respecto del artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226, y resolvió que la norma no podía aplicarse en el proceso concreto por vulnerar la Constitución. La decisión se adoptó con la disidencia de una ministra y prevenciones de dos ministros.
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