Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Suprema revoca la sentencia de alzada que había acogido una acción de cautela de derechos constitucionales interpuesta por un extranjero cuya solicitud de residencia definitiva fue rechazada. El rechazo se fundó en la presentación de un certificado de antecedentes adulterado, verificado mediante código QR. La Corte valida la decisión administrativa de rechazar la solicitud, considerando que el actor incumplió con acompañar documentación requerida dentro de los plazos otorgados. Se reconoce que aunque se presentó documentación adulterada, la Administración actuó conforme a sus facultades y normativa aplicable. La sentencia enfatiza que el derecho a residir en el territorio nacional está protegido constitucionalmente, pero debe cumplirse con los requisitos legales establecidos.