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La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración del di…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2026

Resumen

La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración del dictamen N° D11, de 2026, presentada por la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado. El dictamen original establecía que el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes debe pagar la asignación de zona contemplada en el artículo 47 de la ley N° 21.109, sin perjuicio de la planilla complementaria del artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley N° 21.040. La Contraloría sostuvo que los argumentos de los recurrentes no alteran lo razonado previamente, pues conforme al principio de legalidad del gasto, los desembolsos públicos solo pueden destinarse a los objetivos previstos en el ordenamiento jurídico. Además, señaló que los convenios de la OIT invocados no permiten vulnerar las disposiciones estatutarias aplicables a los funcionarios públicos ni los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa.

Normas citadas

  • Ley 20313 art/30
  • ley 21109 art/47
  • ley 21040 art/cuadragésimo primero tran
  • ley 21040 artículo cuadragésimo segundo tran inc/1
  • ley 21040 artículo cuadragésimo segundo tran inc/3
  • ley 21040 artículo cuadragésimo segundo tran inc/5
  • ley 21647
  • ley 21724 art/83
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Debe un Servicio Local de Educación Pública pagar la asignación de zona a sus funcionarios aunque exista una planilla complementaria transitoria?

En este caso, la Contraloría sostuvo que el Servicio Local de Educación Pública debe pagar la asignación de zona del artículo 47 de la ley N° 21.109, sin perjuicio de la planilla complementaria del artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley N° 21.040.

¿Pueden los convenios de la OIT permitir que se pague un beneficio que la ley estatutaria no contempla para funcionarios públicos?

En este caso, la Contraloría señaló que los convenios de la OIT invocados no permiten vulnerar las disposiciones estatutarias aplicables a los funcionarios públicos ni los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa.

¿Puede un órgano público destinar fondos a un fin que no esté previsto en el ordenamiento jurídico?

En este caso, la Contraloría sostuvo que, conforme al principio de legalidad del gasto, los desembolsos públicos solo pueden destinarse a los objetivos previstos en el ordenamiento jurídico.

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