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La Contraloría General de la República se abstuvo de ejercer el control previo de jurid…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Resumen

La Contraloría General de la República se abstuvo de ejercer el control previo de juridicidad sobre la resolución N° 85, de 2012, del Hospital Santiago Oriente "Dr. L.T.B.", que resolvió una licitación pública para la adquisición de medicamentos y desinfectantes. El organismo fundó su decisión en que las adjudicaciones quedan exentas de toma de razón por el monto de los respectivos contratos, y en que las declaraciones de desierta de los restantes ítems tampoco requieren ese examen, conforme a la resolución N° 1.600, de 2008, de la misma Contraloría. Como consecuencia, remitió el acto sin toma de razón, aunque sujeto a los controles de reemplazo del Título VI de dicha resolución.

Normas citadas

  • Res 1600/2008 CONTR
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿La Contraloría debe tomar razón de la adjudicación de una licitación pública de medicamentos en un hospital?

En este dictamen, la Contraloría se abstuvo de ejercer el control previo de juridicidad sobre la resolución que adjudicó la licitación de medicamentos y desinfectantes, porque las adjudicaciones quedan exentas de toma de razón por el monto de los contratos. El acto fue remitido sin toma de razón, pero sujeto a los controles de reemplazo del Título VI de la Resolución N° 1.600, de 2008.

¿Las declaraciones de desierta de ítems en una licitación pública requieren toma de razón de la Contraloría?

Según este dictamen, las declaraciones de desierta de los ítems restantes de la licitación tampoco requieren toma de razón, conforme a lo dispuesto en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría. Por ello, el organismo remitió el acto sin ese examen previo.

¿Qué ocurre si un acto administrativo no está sujeto a toma de razón en Chile?

En este caso, la Contraloría remitió la resolución sin toma de razón, pero el acto queda sujeto a los controles de reemplazo del Título VI de la Resolución N° 1.600, de 2008. Así, el control de juridicidad se ejerce posteriormente en lugar del control previo.

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