Resumen del criterio jurisprudencial
Estableció que las denuncias públicas realizadas por víctimas de violencia de género en plataformas digitales gozan de protección constitucional bajo el derecho a la libertad de expresión. El fallo enfatiza la obligación de los tribunales de familia de aplicar criterios de interseccionalidad y perspectiva de género al evaluar conflictos donde existan antecedentes de agresiones sistemáticas.