El Consejo para la Transparencia acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025
Resumen
El Consejo para la Transparencia acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Melipilla por la denegación de entrega de informes de prestación de servicios y boletas de honorarios de la propia reclamante. Se resuelve que dicha información es de naturaleza pública y relativa a la solicitante, sin que se hayan alegado causales de secreto o reserva que justifiquen la negativa. Además, no se acreditó en el procedimiento la remisión de los documentos que el órgano señaló haber enviado. En consecuencia, se ordena a la municipalidad entregar la información requerida, bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones contempladas en la Ley de Transparencia, incluyendo multas y suspensión del cargo en caso de persistir en el incumplimiento. La decisión podrá ser reclamada ante la Corte de Apelaciones del domicilio de la reclamante.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Ley N° 19.628
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Puede un municipio negarse a entregar a una persona sus propios informes de prestación de servicios y boletas de honorarios?
En este caso, el Consejo para la Transparencia resolvió que esa información es pública y se refiere a la propia solicitante, y que no se alegaron causales de secreto o reserva que justificaran la negativa. Por eso acogió el amparo y ordenó entregarla.
¿Qué pasa si un órgano público dice haber enviado documentos pero no puede acreditar su envío en un amparo de transparencia?
En este caso, el Consejo constató que no se acreditó en el procedimiento la remisión de los documentos que la municipalidad afirmó haber enviado, lo que influyó en su decisión de ordenar la entrega de la información.
¿Qué sanciones enfrenta un órgano público que no cumple una orden de entregar información pública?
En este caso, el Consejo ordenó a la municipalidad entregar la información bajo apercibimiento de aplicar las sanciones de la Ley de Transparencia, incluidas multas y suspensión del cargo si persiste el incumplimiento. Además, la decisión puede reclamarse ante la Corte de Apelaciones del domicilio de la reclamante.
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