La Superintendencia de Pensiones dictó un oficio ordinario dirigido a todas las adminis…
Dictamen · Superintendencia de Pensiones · 2022
Resumen
La Superintendencia de Pensiones dictó un oficio ordinario dirigido a todas las administradoras de fondos de pensiones y al Instituto de Previsión Social, en el contexto de la implementación de la Pensión Garantizada Universal, precisando las instrucciones sobre las comunicaciones que las entidades pagadoras deben efectuar a sus pensionados. En particular, se establece que respecto de aquellos pensionados cuyo A.P.S. de vejez sea de monto superior a la Pensión Garantizada Universal, la entidad deberá comunicarles que, según el análisis de su caso particular, el beneficio solidario que perciben no será reemplazado por la PGU, precisamente por ser de monto mayor. Dicha comunicación debe realizarse dentro de los cinco días hábiles contados desde la fecha de publicación de la ley que crea la Pensión Garantizada Universal. El oficio complementa instrucciones previas impartidas a las entidades pagadoras de pensión sobre la implementación del beneficio y las comunicaciones a los pensionados.
Normas citadas
Oficio Ordinario N° 1569
Oficio ordinario N° 1711
Preguntas frecuentes
¿Qué deben comunicar las entidades pagadoras a los pensionados cuyo A.P.S. de vejez es mayor que la PGU?
En este caso, la Superintendencia de Pensiones instruyó que la entidad debe comunicarles que, según el análisis de su caso particular, el beneficio solidario que perciben no será reemplazado por la PGU, precisamente por ser de monto mayor.
¿En qué plazo deben las entidades pagadoras enviar la comunicación sobre la PGU a los pensionados?
En este caso, la Superintendencia de Pensiones estableció que la comunicación debe realizarse dentro de los cinco días hábiles contados desde la fecha de publicación de la ley que crea la Pensión Garantizada Universal.
¿A quiénes está dirigido el oficio sobre las comunicaciones de la PGU?
En este caso, la Superintendencia de Pensiones dictó el oficio ordinario dirigido a todas las administradoras de fondos de pensiones y al Instituto de Previsión Social, en el contexto de la implementación de la Pensión Garantizada Universal.
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