Resumen del criterio jurisprudencial
El Servicio de Registro Civil e Identificación interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema en contra de los jueces de la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por haber rechazado su reclamo de ilegalidad contra la decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó entregar la identidad del representante legal de la Fundación Salvador Allende. El origen del conflicto radica en una solicitud de acceso a la información de don Ernesto Silva Cid, ante la cual el Registro Civil entregó documentos pero tarjó datos personales invocando la Ley N°19.628 y la Instrucción General N°10 del CPLT. El CPLT acogió parcialmente el amparo argumentando que la fundación recibe fondos públicos, existiendo un interés público prevalente que justifica conocer la identidad del representante para ejercer control social. La Corte de Apelaciones confirmó esa postura, desestimando las causales de reserva invocadas por el Servicio y subrayando el principio constitucional de transparencia. La quejosa alegó que se alteró el objeto de la solicitud original y se sancionó el cumplimiento de normas expresas, pero la Corte Suprema estimó que la conducta de los jueces recurridos no configura falta o abuso grave. En consecuencia, la Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de queja y ordenó el archivo de la causa, sin imponer medida disciplinaria alguna.