Resumen del criterio jurisprudencial
Jennifer Cristina Pérez Escobar, de nacionalidad venezolana, interpuso un recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones por la omisión de emitir la orden de pago de derechos y remitir el proyecto de decreto de carta de nacionalización al Ministerio del Interior, tras más de seis meses de haber presentado su solicitud. La recurrente contaba con permanencia definitiva vigente. El Servicio informó que la solicitud se encontraba en etapa de 'Primer Análisis' dentro de un procedimiento reglado que involucra a varios organismos, y que la decisión final es discrecional del Presidente de la República. La Corte consideró que no existía ilegalidad ni arbitrariedad, ya que la demora se debía a la tramitación de un procedimiento establecido y la recurrente mantenía su situación migratoria regular. Se rechazó el recurso, concluyendo que no se vulneraron las garantías constitucionales invocadas.