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El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación interpuesta por l…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2023

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación interpuesta por la empresa Philips Chilena S.A. contra la Dirección de Compras y Contratación Pública, en el marco de la licitación del Convenio Marco de Desarrollo y Mantención de Software y Servicios Profesionales TI. La controversia versó sobre el informe de evaluación económica de las ofertas y la resolución que adjudicó la licitación. El tribunal acogió la acción solo en cuanto declaró ilegales y arbitrarios dicho informe de evaluación económica y la resolución de adjudicación, y la rechazó en lo demás. Reconoció a la demandante el derecho a ejercer en sede jurisdiccional las acciones indemnizatorias y a solicitar medidas administrativas correctivas, y dispuso que cada parte pague sus costas.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Puede un oferente impugnar ante el Tribunal de Contratación Pública el informe de evaluación económica y la adjudicación de una licitación pública?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública acogió la acción de impugnación interpuesta por Philips Chilena S.A. y declaró ilegales y arbitrarios el informe de evaluación económica de las ofertas y la resolución que adjudicó la licitación del Convenio Marco de Desarrollo y Mantención de Software y Servicios Profesionales TI.

¿Qué efectos tiene que el Tribunal de Contratación Pública declare ilegal una adjudicación en una licitación pública?

En este caso, el tribunal rechazó la acción en lo demás, reconoció a la demandante el derecho a ejercer en sede jurisdiccional acciones indemnizatorias y a solicitar medidas administrativas correctivas, y dispuso que cada parte pague sus costas.

¿Qué pasa con las costas en una acción de impugnación ante el Tribunal de Contratación Pública que se acoge solo en parte?

En este caso, el tribunal acogió la acción solo en cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad del informe de evaluación económica y de la adjudicación, y dispuso que cada parte pague sus costas.

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