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La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso de protección presentado por un…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2024

Resumen

La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso de protección presentado por un exfuncionario de Carabineros que fue dado de baja por conducta mala con efectos inmediatos, mientras se tramitaba un sumario administrativo en su contra. El tribunal consideró que la medida era arbitraria e ilegal, ya que afectaba el debido proceso y las garantías constitucionales del recurrente, al privarlo de sus remuneraciones y derechos previsionales de forma inmediata, sin que existiera una confesión o evidencia concluyente de su responsabilidad. Se ordenó la reincorporación del funcionario a la institución, sin perjuicio de lo que se resuelva en el sumario administrativo pendiente.

Normas citadas

  • Artículo 19 numerales 2, 3 inciso 5 y 24 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 23 N°2 letra e) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N°11
  • Artículo 25 numeral 9) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N°11
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Preguntas frecuentes

¿Puede Carabineros dar de baja con efectos inmediatos a un funcionario por conducta mala mientras se tramita un sumario administrativo en su contra?

En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió el recurso de protección y sostuvo que la baja inmediata era arbitraria e ilegal, porque privó al funcionario de sus remuneraciones y derechos previsionales sin confesión ni evidencia concluyente de responsabilidad.

¿Qué pasa con la reincorporación de un carabinero dado de baja antes de que termine el sumario administrativo?

En este caso, el tribunal ordenó la reincorporación del funcionario a la institución, sin perjuicio de lo que se resuelva en el sumario administrativo que sigue pendiente.

¿Procede el recurso de protección contra una baja de Carabineros que afecta el debido proceso y las garantías constitucionales?

En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel consideró que la medida afectaba el debido proceso y las garantías constitucionales del recurrente, y por ello acogió el recurso de protección.

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