Resumen
La Dirección del Trabajo, mediante dictamen, resolvió dejar sin efecto las instrucciones de un fiscalizador que ordenaban a una empresa pagar tres unidades tributarias mensuales a cada trabajador, por aplicación de una cláusula de un contrato colectivo, por no ajustarse a derecho. Se acogió la reclamación de la empresa, ya que el pago ordenado se basaba en una interpretación errónea de la cláusula, pues el beneficio ya había sido otorgado en cumplimiento de otro instrumento colectivo, impidiendo aplicar la regla de la conducta. No obstante, el dictamen confirmó que los inspectores del trabajo sí tienen facultades para interpretar los instrumentos colectivos, como parte de su labor de fiscalizar su efectivo cumplimiento, según el artículo 349 del Código del Trabajo.