Resumen
Durante décadas, la reforma del régimen penal juvenil fue anunciada como una deuda pendiente del constitucionalismo argentino. Sin embargo, entre el purismo académico y la falta de implementación territorial efectiva, el sistema quedó atrapado en un vacío institucional que debilitó su legitimidad pública. Este texto propone una autocrítica necesaria: la expansión punitiva no emerge sólo de una voluntad regresiva, sino también de la incapacidad de consolidar a tiempo una alternativa democrática viable, operativa y socialmente comprensible.