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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, en el marco de un proceso penal seguido ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago. El requirente, imputado por delitos de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, cuestionaba la disposición que excluye la posibilidad de acceder a penas sustitutivas. El Tribunal consideró que la norma no afecta la igualdad ante la ley ni la proporcionalidad de las penas, pues el legislador está facultado para establecer presidio efectivo en delitos graves como violencia de género o uso de armas prohibidas, sin que ello resulte discriminatorio o carente de razonabilidad legislativa. Agregó que la determinación de la pena concreta corresponde al tribunal penal.

Normas citadas

  • Constitución Política de Chile, artículo 1°
  • Constitución Política de Chile, artículo 19, numeral 2°
  • Constitución Política de Chile, artículo 19, numeral 3°, inciso sexto
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1.1 y 24
  • Ley N° 18.216, artículo 1°, inciso segundo
inaplicabilidadinconstitucionalidadigualdad ante la leyproporcionalidad de las penasderecho penalderecho constitucional

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional excluir de las penas sustitutivas a quienes cometen delitos de violencia intrafamiliar o tenencia ilegal de armas?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y sostuvo que la norma que excluye las penas sustitutivas no vulnera la igualdad ante la ley ni la proporcionalidad, porque el legislador puede establecer presidio efectivo en delitos graves como la violencia de género o el uso de armas prohibidas.

¿Puede el Tribunal Constitucional revisar la pena concreta que se impone en un proceso penal por inaplicabilidad?

En este caso, el Tribunal sostuvo que la determinación de la pena concreta corresponde al tribunal penal y no a esta Magistratura, por lo que no examinó la pena específica aplicable al requirente.

¿El legislador puede impedir el acceso a penas sustitutivas sin afectar el principio de igualdad?

En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que la exclusión no es discriminatoria ni carente de razonabilidad legislativa, pues responde a la facultad del legislador de establecer presidio efectivo para delitos considerados graves.

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