La Dirección del Trabajo se pronunció sobre el alcance de sus facultades fiscalizadoras…
Dictamen · Dirección del Trabajo · 2015
Resumen
La Dirección del Trabajo se pronunció sobre el alcance de sus facultades fiscalizadoras respecto de la administración financiera de las asociaciones de funcionarios regidas por la Ley N°19.296. El organismo concluyó que, en virtud del principio de autonomía sindical consagrado en la Constitución y en los Convenios 87, 98 y 151 de la OIT, no le corresponde fiscalizar la gestión patrimonial de dichas organizaciones. Dicha supervisión es de cargo de los propios asociados, a través de sus asambleas y comisiones revisoras de cuentas. Se deja a salvo el derecho de los interesados de recurrir a los Tribunales de Justicia en caso de controversias internas. En consecuencia, se reconsideraron los dictámenes N°s. 28.535, 60.130 y 66.625, todos de 2008 y 2009, y el oficio N° 2.943 de 2013 de la Contraloría Regional de Los Ríos.
Normas citadas
Ley N° 19.296
Código del Trabajo
Oficio N° 2.943
Oficio N° 2.943, de 2013
Artículo 64 de la ley 19.296
Ley N° 19.759
Código Civil
Oficio N° 612
Preguntas frecuentes
¿La Dirección del Trabajo puede fiscalizar la administración financiera de una asociación de funcionarios regida por la Ley 19.296?
No. En este dictamen, la Dirección del Trabajo concluyó que, por el principio de autonomía sindical, no le corresponde fiscalizar la gestión patrimonial de estas organizaciones. Esa supervisión corresponde a los asociados, mediante asambleas y comisiones revisoras de cuentas.
¿Qué pasa si surge una controversia interna en una asociación de funcionarios sobre su administración financiera?
El dictamen deja a salvo el derecho de los interesados a recurrir a los Tribunales de Justicia. Así, la Dirección del Trabajo no resuelve estas controversias internas, sino que quedan para la vía judicial.
¿Este dictamen mantiene los pronunciamientos anteriores sobre fiscalización de asociaciones de funcionarios?
No. En este caso, el organismo reconsideró los dictámenes N°s. 28.535, 60.130 y 66.625, de 2008 y 2009, y el oficio N° 2.943 de 2013 de la Contraloría Regional de Los Ríos, cambiando así su criterio anterior.
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