El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad y declaró que los…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad y declaró que los artículos 1°, inciso tercero, y 485 del Código del Trabajo son contrarios a la Constitución en su aplicación a funcionarios públicos. Se discutía si los tribunales laborales podían conocer de acciones de tutela laboral respecto de relaciones regidas por estatutos administrativos especiales. El Tribunal estimó que dicha interpretación vulnera los artículos 6° y 7° de la Constitución, pues los jueces laborales actúan fuera de sus competencias legales, y que otorgar beneficios e indemnizaciones al personal estatal sin ley de iniciativa exclusiva del Presidente infringe el artículo 65, inciso cuarto, N° 4. Asimismo, concluyó que aplicar criterios del sector privado a relaciones funcionarias desvirtúa el carácter estatutario de derecho público del artículo 38, inciso primero, y que la normativa impide considerar la legislación estatutaria, vulnerando el artículo 19, N° 3, inciso sexto. Como obiter dictum, señaló que los funcionarios cuentan con mecanismos de protección en los estatutos administrativos, como la reclamación ante la Contraloría General de la República y acciones constitucionales.
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoDelito de conducción en estado de ebriedadPrincipio de proporcionalidad de la PenaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad Individual
Preguntas frecuentes
¿Pueden los tribunales laborales conocer de una tutela laboral por despido de un funcionario público regido por un estatuto administrativo?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y sostuvo que esa interpretación vulnera los artículos 6° y 7° de la Constitución, porque los jueces laborales actúan fuera de sus competencias legales. Por eso declaró contrarios a la Constitución los artículos 1° y 485 del Código del Trabajo en su aplicación a funcionarios públicos.
¿Se pueden aplicar a funcionarios públicos los criterios del sector privado para indemnizaciones y beneficios laborales?
En este caso, el Tribunal estimó que aplicar criterios del sector privado a relaciones funcionarias desvirtúa el carácter estatutario de derecho público del artículo 38, inciso primero. Además, concluyó que otorgar beneficios e indemnizaciones al personal estatal sin ley de iniciativa exclusiva del Presidente infringe el artículo 65, inciso cuarto, N° 4.
¿Qué mecanismos tienen los funcionarios públicos para proteger sus derechos si son desvinculados?
En este caso, el Tribunal señaló, como obiter dictum, que los funcionarios cuentan con mecanismos de protección en los estatutos administrativos, como la reclamación ante la Contraloría General de la República y acciones constitucionales.
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