Resumen del criterio jurisprudencial
Precisó que el desconocimiento del paradero de una víctima y la falta de un móvil evidente no facultan de forma automática la paralización del cómputo legal para perseguir un ilícito. La resolución analiza la aplicación de la fuerza mayor en materia penal y determina que la mera sospecha inicial de un crimen permite el inicio de las indagatorias, descartando que el éxito o fracaso de las diligencias influya en la vigencia de la acción pública.