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La Corte Suprema acogió el recurso de un propietario y confirmó la sentencia de primera…

Sentencia · Corte Suprema · 2024

Resumen

La Corte Suprema acogió el recurso de un propietario y confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó la restitución de un terreno de 1419 hectáreas ocupado por una comunidad mapuche. El tribunal de segunda instancia había revocado ese fallo y suspendido el desalojo, pero el máximo tribunal determinó que la propiedad comunitaria indígena, consagrada en la Constitución Nacional, no habilita la violación de la propiedad privada de terceros, también protegida constitucionalmente. La suspensión de la ejecución de sentencias de desalojo solo procede si la comunidad acredita una posesión 'actual, tradicional y pública' del territorio, conforme a la ley 26.160. La inclusión en un listado de comunidades pendientes de relevamiento y el sobreseimiento en la causa penal por usurpación no constituyen prueba suficiente de dicha posesión. Por ello, se confirmó la restitución del inmueble al propietario.

Normas citadas

  • Constitución Nacional de Argentina
  • Ley 26.160 (protección de tierras indígenas)
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Preguntas frecuentes

¿La propiedad comunitaria indígena reconocida en la Constitución permite a una comunidad mantenerse en un terreno de un tercero?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la propiedad comunitaria indígena no habilita violar la propiedad privada de terceros, también protegida constitucionalmente, por lo que confirmó la restitución del terreno al propietario.

¿Cuándo procede suspender un desalojo ordenado contra una comunidad indígena según la ley 26.160?

En este caso, la Corte Suprema determinó que la suspensión solo procede si la comunidad acredita una posesión actual, tradicional y pública del territorio conforme a la ley 26.160.

¿Basta con estar incluido en un listado de comunidades pendientes de relevamiento o con un sobreseimiento penal para probar la posesión indígena?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que ni la inclusión en un listado de comunidades pendientes de relevamiento ni el sobreseimiento en la causa penal por usurpación constituyen prueba suficiente de la posesión.

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