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La Corte Suprema rechazó el recurso de protección presentado contra la negativa de cobe…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Corte Suprema rechazó el recurso de protección presentado contra la negativa de cobertura de un medicamento de alto costo no incluido en las Garantías Explícitas en Salud. El tribunal sostuvo que la incorporación de estos fármacos al financiamiento público es una decisión de política pública que debe formalizarse mediante decreto supremo conforme a la Ley N°20.850, y que la negativa se basó en parámetros objetivos y técnicos, considerando limitaciones presupuestarias y la necesidad de atender equitativamente a la población. Aunque se reconoció una posible amenaza a garantías fundamentales, se concluyó que la decisión administrativa no era arbitraria al ajustarse al marco legal, correspondiendo al Estado determinar qué tratamientos se financian.

Normas citadas

  • Artículo 19 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 5° de la Ley N°20.850
  • Garantías Explícitas en Salud (GES)
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Preguntas frecuentes

¿Puede exigirse judicialmente que el sistema público cubra un medicamento de alto costo que no está incluido en las Garantías Explícitas en Salud (GES)?

En este caso, la Corte Suprema rechazó el recurso de protección y sostuvo que incorporar estos fármacos al financiamiento público es una decisión de política pública que debe formalizarse mediante decreto supremo conforme a la Ley N°20.850.

¿Es arbitraria la negativa de cobertura de un medicamento de alto costo si se funda en criterios técnicos y presupuestarios?

La Corte Suprema concluyó que la negativa no era arbitraria, porque se basó en parámetros objetivos y técnicos, considerando limitaciones presupuestarias y la necesidad de atender equitativamente a la población.

¿Vulnerar el acceso a un tratamiento médico no cubierto por el GES afecta el derecho a la protección de la salud del artículo 19 de la Constitución?

En este caso, la Corte Suprema reconoció una posible amenaza a garantías fundamentales, pero concluyó que la decisión administrativa se ajustaba al marco legal y que corresponde al Estado determinar qué tratamientos se financian.

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