Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Suprema revoca una orden judicial que obligaba a financiar un medicamento de alto costo no incorporado en las Garantías Explícitas en Salud. El tribunal sostiene que la negativa de cobertura responde a decisiones de política pública de salud basadas en parámetros objetivos y técnicos, considerando limitaciones presupuestarias y la necesidad de atender el mayor número de casos. La determinación de cobertura de medicamentos de alto costo debe formalizarse mediante decreto supremo conforme a la Ley N°20.850. El tribunal reconoce que aunque existe una amenaza a garantías fundamentales, la decisión administrativa se ajusta a criterios legales establecidos. La resolución enfatiza que corresponde al Estado determinar qué medicamentos se incorporan a los sistemas de financiamiento público.