Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si una municipalidad debía restituir saldos de recursos transferidos para la ejecución de un convenio de programa. El convenio establecía que los saldos no ejecutados debían devolverse, pero la modalidad de operación aprobada por la resolución N° 916, de 2009, contemplaba expresamente, dentro de los gastos de inversión en recursos humanos directos, la contratación de profesionales, técnicos y demás personas necesarias para ejecutar el proyecto. Por ello, el organismo concluyó que resultaba procedente financiar contrataciones a honorarios con cargo a esos recursos, en la medida que se relacionaran con la ejecución del programa, y que no correspondía la restitución de los desembolsos efectuados para ese fin. Se dejó expresamente a salvo que las demás entidades involucradas, el Ministerio de Desarrollo Social y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, debían validar dichas labores en el marco de sus competencias de evaluación, aprobación y supervisión de los proyectos.