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El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación interpuesta por u…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2023

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación interpuesta por una empresa de servicios tecnológicos contra la Dirección de Compras y Contratación Pública, relativa a la invalidación y nueva adjudicación de una licitación pública para un convenio marco de desarrollo y mantención de software y servicios profesionales TI, tras modificaciones en las bases posteriores a la adjudicación. El tribunal acogió la acción solo en cuanto declaró ilegales y arbitrarios el informe de evaluación económica de las ofertas y la resolución administrativa impugnada, y la rechazó en lo demás. Asimismo, reconoció a la actora el derecho a entablar acciones indemnizatorias en la sede jurisdiccional correspondiente y a solicitar medidas administrativas correctivas. Cada parte soportó sus propias costas.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Puede una entidad pública invalidar una licitación y adjudicarla de nuevo si modificó las bases después de la adjudicación?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública acogió la impugnación solo en cuanto declaró ilegales y arbitrarios el informe de evaluación económica y la resolución impugnada, y rechazó la acción en lo demás. Además, reconoció a la empresa el derecho a demandar indemnizaciones ante la sede jurisdiccional correspondiente.

¿Qué puede hacer una empresa oferente si considera ilegal la resolución que invalida su adjudicación en una licitación pública?

En este caso, la empresa impugnó la resolución administrativa ante el Tribunal de Contratación Pública, que la declaró ilegal y arbitraria. El tribunal también le reconoció el derecho a solicitar medidas administrativas correctivas y a entablar acciones indemnizatorias.

¿Quién paga las costas en un juicio de impugnación de una licitación pública ante el Tribunal de Contratación Pública?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública ordenó que cada parte soportara sus propias costas. Ninguna de las partes fue condenada a pagar las costas de la otra.

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