Resumen
La resolución del Tribunal Constitucional en el caso Rol N° establece como Ratio Decidendi que el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, al restringir la aplicación de penas sustitutivas a la privación de libertad, resulta desproporcionado e inconstitucional en virtud de los principios de igualdad ante la ley, proporcionalidad de las penas y humanidad, todos ellos sustentados en la dignidad humana como valor fundamental reconocido por la Constitución. La mayoría argumenta que el ius puniendi del Estado no es absoluto y debe respetar límites constitucionales que aseguren la reinserción social de los condenados y la protección de las víctimas, destacando que las penas sustitutivas no son sinónimo de impunidad, sino sanciones que restringen derechos personales con el objetivo de control, reinserción y prevención de reincidencia. Asimismo, se señala que la exclusión total de ciertos delitos de los beneficios de la Ley N° 18.216 vulnera el estándar de racionalidad y justicia garantizado en los artículos 19 N°s 2° y 3° de la Constitución, al no considerar la gravedad del delito en términos del quantum de la pena, lo que genera una desproporción incompatible con el orden constitucional. Como Obiter Dicta, se menciona que históricamente los sistemas de prisión no han logrado la rehabilitación de las personas y que las penas sustitutivas representan un equilibrio más adecuado entre los derechos de los delincuentes, las víctimas y el interés público en la seguridad. También se destaca que el legislador debe considerar la finalidad de reinserción social al establecer reglas de punición y que la acción punitiva del Estado no debe infligir sufrimiento innecesario, subrayando que las penas sustitutivas, como la reclusión parcial o la libertad vigilada intensiva, tienen un carácter punitivo reforzado por la Ley N° 20.603. Finalmente, se concluye que la disposición impugnada es inidónea para cumplir los fines de reinserción social y protección de las víctimas, y que su aplicación genera una situación de irracionalidad y desproporción que justifica su inaplicabilidad en el caso concreto.