Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si el Superintendente de Valores y Seguros debe abstenerse de intervenir en asuntos por el solo hecho de poseer acciones en sociedades fiscalizadas. El dictamen sostiene que el deber de abstención previsto en el artículo 62, N° 6, de la Ley N° 18.575 procede únicamente cuando un servidor, en un asunto concreto, pueda hacer primar su interés particular sobre el interés general, y que la existencia de un conflicto de interés debe analizarse caso a caso. Advierte que un deber de abstención general afectaría el principio de continuidad de la función pública. Por ello, concluye que la sola titularidad de valores mobiliarios no inhabilita, a priori, al Superintendente para ejercer su cargo, debiendo verificarse en cada situación si su participación configura alguna de las hipótesis de conflicto de interés previstas en el dictamen N° 26.136, de 2012, el que se confirma.