El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad cont…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, declarándolo inaplicable en el caso concreto. El fallo sostiene que el derecho a punir del Estado no es absoluto y debe limitarse por principios constitucionales como la dignidad humana y la proporcionalidad de las penas, conforme a los artículos 19 N° 2 y 19 N° 3 de la Constitución. La disposición impugnada restringe de manera desproporcionada la aplicación de penas sustitutivas, generando una desigualdad injustificada entre condenados por delitos de distinta gravedad y afectando la reinserción social. Además, se vulnera la independencia judicial, pues el legislador obliga al juez penal a imponer privación de libertad efectiva, sin opción de aplicar medidas alternativas, contraviniendo el artículo 76 constitucional y el principio de separación de poderes.
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoDelito de conducción en estado de ebriedadPrincipio de proporcionalidad de la PenaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad Individual
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la ley impida al juez penal aplicar penas sustitutivas a la privación de libertad?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento y declaró inaplicable el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216 en el caso concreto. Sostuvo que esa restricción es desproporcionada, genera una desigualdad injustificada y afecta la reinserción social, además de vulnerar la independencia judicial.
¿El derecho del Estado a castigar es absoluto o tiene límites constitucionales?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el derecho a punir del Estado no es absoluto y debe limitarse por principios constitucionales como la dignidad humana y la proporcionalidad de las penas. Estos límites derivan de los artículos 19 N° 2 y 19 N° 3 de la Constitución.
¿Puede el legislador obligar al juez a imponer siempre privación de libertad efectiva?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que no, porque la disposición impugnada obligaba al juez penal a imponer privación de libertad efectiva sin opción de medidas alternativas. Esto contravino el artículo 76 de la Constitución y el principio de separación de poderes.
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