Resumen
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia histórica en caso La Oroya vs. Perú, concluyendo violaciones extensas de derechos humanos por contaminación industrial de más de un siglo. La Corte ordenó al Estado proporcionar asistencia médica especializada, pagar compensaciones entre USD 30,000 y USD 65,000 por víctima, y reconocer públicamente su responsabilidad. Se estableció que el derecho a un ambiente sano comprende elementos procedimentales (acceso a información, participación pública, acceso a justicia) y sustantivos (aire limpio, agua segura, ecosistemas saludables, clima seguro). Perú fue ordenado fortalecer estándares ambientales, rehabilitar ecosistemas dañados, monitorear calidad ambiental e investigar responsables de daño ambiental y amenazas contra defensores ambientales.