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AdministrativoInadmisible

El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las no…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019

Resumen

El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado contra el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Coquimbo. La reclamante denunciaba una situación determinada, pero el Consejo concluyó que su presentación no tenía por finalidad reclamar por la falta de completitud o de acceso al listado de información que los artículos 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento obligan a mantener en los sitios electrónicos de los órganos de la Administración del Estado como obligación de transparencia activa. Por ello, el reclamo carecía de un elemento habilitante para su interposición y fue declarado inadmisible por ausencia de infracción a dichas normas. La decisión fue adoptada por unanimidad de los miembros presentes del Consejo Directivo, y se encomendó notificar a la reclamante y al director regional del servicio. En contra de la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos desde la notificación, y no procede recurso de reposición.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidad

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el plazo para reclamar de ilegalidad contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo?

En este caso, el Consejo señaló que en contra de la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos desde la notificación, y que no procede recurso de reposición.

¿Qué requisito debe cumplir un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa para que el Consejo para la Transparencia lo admita a tramitación?

En este caso, el Consejo concluyó que el reclamo carecía de un elemento habilitante para su interposición porque la presentación no tenía por finalidad reclamar por la falta de completitud o de acceso al listado de información que la Ley de Transparencia obliga a mantener en los sitios electrónicos.

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