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La Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de amparo presentado por un condenad…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de amparo presentado por un condenado por delitos sexuales contra menores de edad, quien fue excluido del proceso de rebaja de condena regulado en la Ley 19.856. La recurrida aplicó la Ley 21.421, que niega ese beneficio a quienes cometan dichos ilícitos, pero el tribunal consideró que el delito fue cometido antes de la entrada en vigencia de esa ley, por lo que su aplicación retroactiva resultó desfavorable e ilegal. En consecuencia, ordenó incluir al recurrente en el próximo proceso de postulación al beneficio, salvo que exista otro impedimento legal. La decisión se adoptó con el voto en contra del Fiscal Judicial, quien estimó que la normativa penitenciaria es de carácter administrativo y no penal, por lo que no rige el principio de irretroactividad.

Normas citadas

  • Ley 21.421
  • Ley N° 19.856
  • Código Penal
  • Artículo 18 del Código Penal
  • Ley N° 21.521
  • Código Procesal Penal
  • Artículo 17 de la ley N° 19.856
  • Artículo 11 del Código Procesal Penal
amparo constitucionalrebaja de condenaLey 19.856Ley 21.421irretroactividad de la ley penalderecho penitenciariodelitos sexuales contra menores de 14 añosexclusión de beneficios

Preguntas frecuentes

¿Rige el principio de irretroactividad para las normas penitenciarias que regulan beneficios de rebaja de condena?

En este caso, el tribunal consideró que la aplicación de la norma a un hecho anterior a su vigencia era ilegal, por lo que la excluyó del beneficio. El Fiscal Judicial votó en contra, al estimar que la normativa penitenciaria es de carácter administrativo y no penal, por lo que no rige el principio de irretroactividad.

¿Puede un condenado por delitos sexuales contra menores ser excluido de postular a un beneficio de rebaja de condena por una ley posterior al delito?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Arica sostuvo que no, porque la exclusión se basó en una ley posterior al delito y su aplicación retroactiva resultó desfavorable. Por ello, ordenó incluir al condenado en el próximo proceso de postulación, salvo que exista otro impedimento legal.

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