La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo interpuesto por un ciudadano colombiano c…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo interpuesto por un ciudadano colombiano contra el Servicio Nacional de Migraciones, que había rechazado su solicitud de residencia temporal y ordenado su abandono del país. El recurrente ingresó como turista, trabajó como mecánico y celebró un Acuerdo de Unión Civil con una ciudadana chilena, pero la autoridad migratoria consideró que no cumplía los requisitos del artículo 88 N.° 1 de la Ley N.° 21.325. La Corte concluyó que la decisión no fue arbitraria ni ilegal, pues se ajustó a la normativa vigente y fue adoptada por la autoridad competente. No obstante, ordenó que, en un eventual procedimiento de expulsión, la autoridad migratoria pondere imperativamente los antecedentes de arraigo familiar y laboral del extranjero, conforme al artículo 129 de la misma ley.
Normas citadas
Artículo 19 N.° 7 letras a) y b) de la Constitución Política de la República
Artículo 21 de la Constitución Política de la República
Artículo 88 N.° 1 de la Ley N.° 21.325 de Migración y Extranjería
Artículo 129 de la Ley N.° 21.325 de Migración y Extranjería
Artículos 109 y 127 N.° 5 de la Ley N.° 21.325 de Migración y Extranjería
recurso de amparoderecho a la libertad personalmigraciónresidencia temporalacto arbitrarioproporcionalidadarraigointegración social y laboral
Preguntas frecuentes
¿Qué debe considerar la autoridad migratoria si decide expulsar a un extranjero con arraigo familiar y laboral en Chile?
La Corte Suprema ordenó que, en un eventual procedimiento de expulsión, la autoridad debe ponderar imperativamente los antecedentes de arraigo familiar y laboral del extranjero, conforme al artículo 129 de la Ley N.° 21.325.
¿Procede el recurso de amparo contra una resolución de la autoridad migratoria que rechaza una residencia temporal?
En este caso, la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo, concluyendo que la resolución se ajustó a la normativa vigente y fue adoptada por la autoridad competente, por lo que no existió una privación ilegal de libertad o seguridad.
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