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La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución N° 18, d…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución N° 18, de 2011, de la Dirección de Arquitectura de la Región Metropolitana, que aprobaba antecedentes y aceptaba la oferta de una empresa para ejecutar la obra "Reposición de la Tenencia de Carabineros Pirque". El organismo fundó su decisión en que los antecedentes acompañados no acreditaban que existieran recursos suficientes para financiar la obra, ni que el proyecto se ajustara a la normativa sísmica vigente, contenida en los decretos N° 117 y 118, ambos de 2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por ello, el dictamen concluye que la documentación era insuficiente para realizar el estudio de legalidad del acto administrativo.

Normas citadas

  • Dto 117/2010 VIVIE
  • Dto 118/2010 VIVIE
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede la Contraloría tomar razón de una resolución que adjudica una obra pública si no se acredita que existen recursos suficientes para financiarla?

En este caso, la Contraloría se abstuvo de dar curso a la resolución que aceptaba la oferta para ejecutar la obra, porque los antecedentes no acreditaban que hubiera recursos suficientes para financiarla. Por eso concluyó que la documentación era insuficiente para estudiar la legalidad del acto.

¿Qué pasa si un proyecto de construcción no acredita cumplir la normativa sísmica vigente al momento de ser aprobado por la Administración?

En este caso, la Contraloría consideró que el proyecto no acreditaba ajustarse a la normativa sísmica contenida en los decretos 117 y 118 de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esa falta de acreditación fue uno de los motivos para abstenerse de tramitar la resolución.

¿Cuándo se considera insuficiente la documentación para que la Contraloría realice el control de legalidad de un acto administrativo?

En este caso, el organismo estimó insuficiente la documentación porque no acreditaba ni el financiamiento de la obra ni el cumplimiento de la normativa sísmica. Con esos antecedentes incompletos, no pudo efectuar el estudio de legalidad de la resolución que aprobaba la oferta.

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