El Tribunal Constitucional dictó un proveído en el marco de un recurso de inaplicabilid…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2026
Resumen
El Tribunal Constitucional dictó un proveído en el marco de un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en el que dio cuenta del asunto ante la Segunda Sala y designó un relator para su tramitación, conforme a la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. En esta etapa procesal, el tribunal no se pronunció sobre el fondo de la cuestión constitucional planteada, relativa a la exigencia de buena conducta para jurar como abogado. La resolución se fundó en el artículo 93 de la Constitución Política y en los artículos 8°, 32 y 79 y siguientes de la ley orgánica respectiva, y fue proveída por la presidenta del tribunal.
Normas citadas
Artículo 93, inciso primero, N° 6, Constitución Política de la República
Artículo 93, inciso undécimo, Constitución Política de la República
Artículo 8°, letras b) y d), Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
Artículo 32, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
Artículos 79 y siguientes, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
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Preguntas frecuentes
¿Qué resolvió el Tribunal Constitucional en un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad sobre la exigencia de buena conducta para jurar como abogado?
En este caso, el Tribunal Constitucional solo dictó un proveído: dio cuenta del asunto a la Segunda Sala y designó un relator para su tramitación. No se pronunció todavía sobre el fondo de la cuestión constitucional.
¿En qué consiste el trámite de un proveído del Tribunal Constitucional dentro de un recurso de inaplicabilidad?
Según este caso, el proveído es una resolución de mero trámite que da cuenta del asunto a la sala correspondiente y designa relator, conforme a la ley orgánica del tribunal. Fue dictado por la presidenta del tribunal y no resuelve el fondo.
¿Qué normas fundamentan la tramitación de un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional?
En este caso, la resolución se fundó en el artículo 93 de la Constitución Política y en los artículos 8°, 32 y 79 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.
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