El Consejo para la Transparencia conoció un amparo por falta de respuesta de una Secret…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2014
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un amparo por falta de respuesta de una Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales a una solicitud de acceso a información sobre los titulares de dominio, la inscripción registral y el contrato de comodato de un inmueble. El órgano no respondió dentro del plazo legal, lo que configuró una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia y al principio de oportunidad. El Consejo acogió el amparo y ordenó al órgano entregar la información solicitada, además de representar al Secretario Regional Ministerial la infracción detectada para que adopte medidas que eviten su reiteración en el futuro. También dispuso que se informe el cumplimiento de la decisión al Consejo, dentro del plazo fijado y bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia. La resolución fue adoptada por el Consejo Directivo y contra ella procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoVivienda
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si un órgano público no responde una solicitud de acceso a información dentro del plazo legal?
En este caso, el Consejo para la Transparencia sostuvo que la falta de respuesta dentro del plazo legal configura una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia y al principio de oportunidad, y acogió el amparo.
¿Qué puede ordenar el Consejo para la Transparencia cuando acoge un amparo por falta de respuesta?
En este caso, el Consejo ordenó al órgano entregar la información solicitada, representó al Secretario Regional Ministerial la infracción para que adopte medidas que eviten su reiteración y dispuso que se informe el cumplimiento dentro del plazo fijado.
¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia que acoge un amparo?
En este caso, la resolución fue adoptada por el Consejo Directivo y contra ella procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante.
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