Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el uso de dependencias de un servicio municipal de agua potable de Maipú como set de un programa televisivo de la alcaldesa. Respecto de la fiscalización sanitaria, concluyó que corresponde a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, entidad que ya inició un procedimiento sancionatorio por los hechos denunciados. Además, dado que el municipio dejó de producir el referido programa, estimó inoficioso emitir un pronunciamiento sobre ese punto. Sin perjuicio de ello, recordó que, conforme al decreto ley N° 1.263 de 1975 y la ley N° 19.896, los recursos de los organismos públicos deben destinarse exclusivamente a sus fines, y que en materia de publicidad y difusión los municipios solo pueden incurrir en los gastos necesarios para informar a los usuarios sobre el acceso a las prestaciones. Citando dictámenes anteriores, precisó que la difusión municipal debe relacionarse con tareas propias del quehacer municipal y que no corresponde incorporar la imagen de la autoridad edilicia como práctica reiterada, pues ello podría implicar una infracción a las normas sobre empleo de recursos en beneficio personal o para fines ajenos a los institucionales.