Resumen
La Contraloría General de la República concluyó que no procedía evaluar ni adjudicar las ofertas que omitieron acompañar antecedentes exigidos como requisitos de admisibilidad por las bases de licitación, ni permitir que esos documentos se incorporaran después de presentada la propuesta, pues las bases no contemplaban la facultad de requerirlos. En consecuencia, esas propuestas debieron declararse inadmisibles, y no era admisible subsanarlas con documentos omitidos. Respecto de los convenios derivados de la adjudicación irregular, el organismo resolvió que no correspondía dejarlos sin efecto, dado que la invalidación de actos administrativos encuentra límite en las situaciones jurídicas consolidadas y en la buena fe de terceros, sin perjuicio de que el servicio debía continuar y concluir el proceso disciplinario iniciado. Asimismo, la Contraloría observó que un acta de evaluación publicada con posterioridad, que daba cuenta de una presentación de documentos, no podía rectificar por esa vía lo informado originalmente, y ordenó considerar este aspecto en el mismo proceso disciplinario.